<p>ACTUACIONES CONCLUIDAS ORIGINALES OFRECIDAS COMO PRUEBA EN EL JUICIO DE AMPARO INDIRECTO. PARA QUE EL ÓRGANO JURISDICCIONAL LAS REQUIERA, ES SUFICIENTE CON QUE LO SOLICITE EL OFERENTE, SIN QUE SEA NECESARIO QUE ÉSTE ACREDITE HABERLAS SOLICITADO PREVIAMENTE A LA AUTORIDAD QUE LAS TIENE BAJO SU RESGUARDO (INTERPRETACIÓN DEL ARTÍCULO 121 DE LA LEY DE AMPARO).</p>

Resumen

<p>El precepto citado regula los dos supuestos en que el juzgador puede requerir a otras autoridades la remisión de documentos ofrecidos como pruebas por las partes en el juicio de amparo indirecto, esto es, cuando: a) estén bajo el resguardo de algún servidor público, ante la eventualidad de que su expedición o entrega no se lleve a cabo a pesar de haber sido requeridos oportunamente; y, b) se trate de actuaciones concluidas originales, a petición de cualquiera de las partes. En el primer caso, para que el Juez de amparo requiera a otra autoridad, las partes deben demostrar haber solicitado oportunamente su expedición, lo que se explica por la mayor facilidad que tienen de obtenerlos tomando en cuenta que las autoridades están obligadas a expedir oportunamente las copias al solicitante y que éste tiene interés en que lleguen al procedimiento de amparo, y es sólo frente a la contumacia de las autoridades que tienen a su cargo la expedición que interviene el órgano jurisdiccional para entablar un diálogo directo con aquéllas y exigirles el cumplimiento de las obligaciones a su cargo; sin embargo, en relación con las actuaciones concluidas originales no opera la misma razón para exigir a las partes que acrediten haber formulado tal solicitud con antelación ante el servidor público respectivo, porque la racionalidad que orienta el contenido de la <a href="javascript:void(0)" class="font-blue" style="text-decoration: underline; font-weight: bold;" type=0 values="100683|4|242-" >primera parte del artículo 121 de la Ley de Amparo</a> no opera para su último párrafo, pues tratándose de las actuaciones concluidas originales, éstas no pueden entregarse a las partes, sino que son las autoridades las que deben mantenerlas bajo su resguardo. Luego, sobre la base de que las cargas que se imponen a las partes en la prosecución de un juicio deben descansar en una base objetiva y razonable, se concluye que no es el caso de imponer al justiciable que se ubica en el último párrafo