<p>AMPARO DIRECTO EN REVISIÓN. PROCEDE ANTE LA FALTA DE APLICACIÓN DE LA NORMA GENERAL IMPUGNADA, SIEMPRE QUE SE ADUZCA VIOLACIÓN AL DERECHO A LA IGUALDAD Y SE RECLAME, PRECISAMENTE, LA EXCLUSIÓN DE LOS BENEFICIOS DEL PRECEPTO.</p>

Resumen

<p>Según se desprende del artículo <a href="javascript:void(0)" class="font-blue" style="text-decoration: underline; font-weight: bold;" type=0 values="130|247|1540-" >107, fracción IX, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos</a>, el recurso de revisión en los juicios de amparo directo procede excepcionalmente para formular ante la Suprema Corte de Justicia de la Nación planteamientos que entrañen pronunciamientos de estricta constitucionalidad. En dicho rubro se encuadran aquellos que abordan cuestionamientos en torno a la validez de normas generales por estimarse contrarias a derechos humanos, para lo cual se exige que éstas se hayan aplicado y que dicha aplicación haya sido perjudicial a los intereses de la parte recurrente. No obstante, en el caso específico de los planteamientos por violación al derecho a la igualdad, es posible que éstos consistan en atacar un hipotético trato preferencial o benéfico, con la consecuente exclusión del supuesto de hecho como el que se actualiza en el caso de quien impugna. En estos supuestos se controvierte la discriminación por exclusión tácita de un beneficio, es decir, la falta de cobertura o alcance de un precepto normativo respecto de situaciones de hecho que se estimen idóneas para alcanzar la misma protección que otras que sí se encuentran amparadas por el precepto normativo que se combate. En otras palabras, mediante el juicio de amparo y sus recursos es posible atacar la validez de una disposición normativa por resultar infraincluyente, es decir, por excluir de su cobertura ciertas situaciones que guarden una relación de analogía o proporcionalidad respecto de las que sí estén comprendidas en su contenido. Así, cuando el planteamiento de constitucionalidad se formule en estos términos, quien lo alegue deberá acreditar únicamente que se encuentra en la hipótesis de hecho excluida por la norma, correspondiendo al órgano jurisdiccional la valoración en torno a si el alegado trato desigual se encuentra