<p>AUTO DE FORMAL PRISIÓN POR EL DELITO DE DELINCUENCIA ORGANIZADA. EFECTOS DE LA CONCESIÓN DEL AMPARO AL HABER SIDO DICTADO AQUÉL POR UNA AUTORIDAD LOCAL. </p>

Resumen

<p>La aplicación de la legislación en materia de delincuencia organizada por una autoridad local es violatoria del parámetro de validez constitucional previsto en el artículo <a href="javascript:void(0)" class="font-blue" style="text-decoration: underline; font-weight: bold;" type=0 values="130|252|170-" >16</a>, en relación con el <a href="javascript:void(0)" class="font-blue" style="text-decoration: underline; font-weight: bold;" type=0 values="130|252|1566-" >73, fracción XXI, inciso b), de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos</a>, ya que esa materia es competencia exclusiva de la Federación; por ende, las autoridades locales, sean ejecutivas o judiciales, no podrían iniciar y tramitar procesos por ese delito. Bajo estos lineamientos constitucionales, los efectos de la concesión del amparo deben guardar relación directa con su aplicación en el acto reclamado que fue propiamente materia de la litis constitucional; luego, para que pueda verificarse lo anterior, es menester destacar el momento procesal en el que fue emitido el acto reclamado. Así, tratándose del auto de plazo constitucional previsto en el artículo <a href="javascript:void(0)" class="font-blue" style="text-decoration: underline; font-weight: bold;" type=0 values="130|252|200-" >19 de la Constitución Federal</a>, el juez local responsable tiene la obligación ineludible de resolver la situación jurídica que debe guardar el imputado en el proceso penal, independientemente de su eventual incompetencia. En consecuencia, como el juzgador local está obligado a emitir el auto de plazo constitucional dentro del fijado para tal efecto, mas ha sido definida su incompetencia para proseguir el proceso penal que es propio del fuero federal, deberá remitir los autos respectivos al juez de distrito de procesos penales federales, de modo que ésta declare insubsistente el auto de formal prisión reclamado y las actuaciones posteriores del fuero común, y resuelva con plenitud de jurisdicción la