<p>CULTURA CÍVICA DEL DISTRITO FEDERAL. EL ARTÍCULO 64 DE LA LEY RELATIVA, AL PREVER LA POSIBILIDAD DE QUE EL PROBABLE INFRACTOR SE DEFIENDA POR SÍ MISMO, TRANSGREDE EL DERECHO HUMANO A UNA DEFENSA ADECUADA.</p>

Resumen

<p>Conforme al parámetro de control de regularidad constitucional, derivado de la reforma al artículo <a href="javascript:void(0)" class="font-blue" style="text-decoration: underline; font-weight: bold;" type=0 values="130|245|20-" >1o. de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos</a>, publicada en el Diario Oficial de la Federación el 10 de junio de 2011, que se configura por la observancia y aplicación de las normas constitucionales y de fuente internacional en materia de derechos humanos, así como por el principio pro personae, en términos del artículo <a href="javascript:void(0)" class="font-blue" style="text-decoration: underline; font-weight: bold;" type=0 values="130|198|210-" >20, apartado A, fracción IX</a>, del referido ordenamiento constitucional, antes de su reforma publicada en el citado medio de difusión el 18 de junio de 2008 o <a href="javascript:void(0)" class="font-blue" style="text-decoration: underline; font-weight: bold;" type=0 values="130|245|210-" >apartado B, fracción VIII</a>, del texto vigente, en relación con los preceptos <a href="javascript:void(0)" class="font-blue" style="text-decoration: underline; font-weight: bold;" type=0 values="100131|1|6-" >8, numeral 2, incisos d) y e), de la Convención Americana sobre Derechos Humanos</a> y <a href="javascript:void(0)" class="font-blue" style="text-decoration: underline; font-weight: bold;" type=0 values="100161|1|20-" >14, numeral 3, incisos b) y d), del Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos</a>, para el ejercicio eficaz y forma de garantizar el derecho humano a una defensa adecuada, el probable infractor debe ser asistido jurídicamente en todas las etapas procedimentales en las que intervenga, esto es, por un defensor que tenga el carácter de profesional en derecho (abogado particular o defensor público). Lo anterior, al requerirse de una persona que tenga la capacidad técnica para asesorar y apreciar lo que jurídicamente es conveniente para el imputad