<p>DEFENSA ADECUADA DEL INCULPADO EN UN PROCESO PENAL. NO SE AFECTA POR EL HECHO DE QUE EN DISTINTOS MOMENTOS DEL PROCESO SE EJERZA POR MÁS DE UN DEFENSOR PÚBLICO EN PATROCINIO DE UN MISMO IMPUTADO, SIEMPRE QUE SE PROCURE LA CONTINUIDAD DE AQUÉLLA Y SE EVITEN SUSTITUCIONES INNECESARIAS.</p>

Resumen

<p>El artículo <a href="javascript:void(0)" class="font-blue" style="text-decoration: underline; font-weight: bold;" type=0 values="130|252|210-" >20, apartado B, fracción VIII, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos</a> reconoce el derecho humano que todo imputado tiene a una defensa adecuada por abogado, el cual podrá elegir libremente, incluso, desde el momento de su detención; siendo clara esa disposición en señalar que si no quiere o no puede nombrar abogado, después de haber sido requerido para hacerlo, el Juez le designará un defensor público. Asimismo, como complemento a este derecho fundamental, se establece que comprende también que su defensa esté presente en todos los actos del proceso, quien está obligada, por quien la ejerza, a comparecer cuantas veces sea requerida. No obstante, cuando el imputado opta por la defensa pública, ya sea voluntariamente o ante la imposibilidad de nombrar un abogado particular, el complemento al derecho humano referido adquiere una dimensión diferenciada del caso en que se trate de un abogado privado designado por el imputado, ya que tratándose de la defensa pública es legal que, en distintos momentos del proceso, se ejerza por más de un defensor público (persona física) en patrocinio de un mismo imputado, pues la asignación del defensor de oficio depende de la organización institucional de la defensoría pública correspondiente, sin que dicha circunstancia implique per se una transgresión al derecho humano de debida defensa. Sin embargo, lo anterior no implica que la asistencia por más de un defensor público a un imputado dentro de un mismo proceso pueda realizarse indiscriminadamente, toda vez que ha de procurarse la continuidad de la defensa y evitar sustituciones innecesarias, y únicamente en caso de no ser posible, el Juez debe verificar que el ulterior defensor público tenga conocimiento previo del asunto en el cual habrá de fungir como tal y que acepte y proteste el cargo conferido, así como que