<p>DELINCUENCIA ORGANIZADA. LA INCLUSIÓN O EXCLUSIÓN DE LAS CIRCUNSTANCIAS AGRAVANTES Y ATENUANTES PREVISTAS EN EL ARTÍCULO 4o., FRACCIÓN I, INCISOS A) Y B), DE LA LEY FEDERAL RELATIVA, COMO ELEMENTOS DE ESTE DELITO, NO CAUSA PERJUICIO A LA SITUACIÓN JURÍDICA DEL QUEJOSO, QUE AMERITE LA CONCESIÓN DEL AMPARO, CUANDO UNAS U OTRAS SE ENCUENTREN PLENAMENTE ACREDITADAS.</p>

Resumen

<p>Ha sido criterio de este órgano colegiado, que para que se configure el delito de delincuencia organizada, es irrelevante establecer la diferencia entre los conceptos de administrar o dirigir, pues al margen de que no está a discusión, no son aplicables las explicaciones habidas para la operatividad de las empresas lícitas, sino que al tratarse de actividades delictivas, el tipo penal abarca, con esos conceptos, todas aquellas actividades aun delegadas o ejercidas en niveles inferiores de la estructura delincuencial. En tal virtud, se trata de un delito de resultado cortado o anticipado –según la doctrina–, y se configura con el acto de pertenencia. Ahora bien, si el juzgador de primer grado, al establecer los elementos del delito, excluye las circunstancias previstas en el artículo <a href="javascript:void(0)" class="font-blue" style="text-decoration: underline; font-weight: bold;" type=0 values="9005|16|60-" >4o., fracción I, incisos a) y b), de la Ley Federal contra la Delincuencia Organizada</a>, relativas a las penas que se aplicarán a quien tenga funciones de administración, dirección o supervisión, respecto de la delincuencia organizada o a quien no tenga las funciones anteriores, y el órgano de apelación corrige esa determinación, porque a su juicio dichas agravantes o atenuantes forman parte del tipo penal; no obstante dicha discrepancia de índole dogmática, es decir, la diferencia de considerar como elemento de la conducta típica ampliada la función que realizaba el sujeto activo (lo cual no se comparte por no ser acorde con la metodología usada en este caso por el legislador) o analizarla como agravante o atenuante, incorporable en el momento de la individualización, en nada perjudica la situación jurídica del quejoso y, por ende, esa discrepancia dogmática a nivel de término constitucional, por ejemplo, no amerita la concesión de la protección constitucional, pues el delito de delincuencia organizada se consuma desde el momento en que tres o más per