<p>FEDERACIONES DEPORTIVAS MEXICANAS. SON SUJETOS DE FISCALIZACIÓN Y QUEDAN VINCULADAS POR LOS DERECHOS A LA LIBERTAD DE EXPRESIÓN Y DE ACCESO A LA INFORMACIÓN.</p>

Resumen

<p>Al manejar recursos públicos, las Federaciones Deportivas Mexicanas cuentan con distintas obligaciones previstas constitucional y legalmente, por lo que son sujetos de fiscalización y, por ende, de escrutinio en cuanto al manejo de los recursos destinados a los propósitos que fijen las leyes correspondientes, esto es, que todos los actos encaminados a la custodia y cuidado de los recursos públicos se cumplan cabalmente, se vigile, investigue y compruebe de la mejor manera la existencia de posibles conductas ilícitas que atenten contra los valores y funciones mencionadas y, en su caso, que se impongan las sanciones establecidas para ese efecto en las leyes respectivas, con base en los procedimientos administrativos sancionadores correspondientes. Lo anterior, a efecto de evitar que cualquier entidad, incluyendo cualquier persona moral privada que maneje recursos públicos federales, quede fuera de control y de la rendición de cuentas, para corroborar la aplicación adecuada y su uso correcto. Por otra parte, los derechos a la libertad de expresión y de acceso a la información no sólo protegen libertades necesarias para la autonomía personal de los individuos, sino también pretenden proteger y garantizar un espacio público de deliberación política; por tanto, la libertad de expresión y el acceso a la información tienen una doble dimensión: una personal y otra colectiva, siendo la última un bien público de naturaleza constitucional, que se debe preservar y perfeccionar. Así, mientras existan mejores condiciones para el ejercicio desinhibido de las libertades de expresión y de acceso a la información, también las habrá por el de los derechos políticos indispensables para el funcionamiento de la democracia representativa. En consecuencia, se trata de un derecho que, al ser ejercido ante una entidad de la administración pública o de cualquier ente que esté regido por la obligación de transparencia y rendición de cuentas, genera un interés jurídico por la omisión de no re