<p>IMPUESTO SOBRE NÓMINAS. LOS PAGOS O EROGACIONES EFECTUADOS POR LA SECRETARÍA DE LA DEFENSA NACIONAL RESPECTO DE LOS INTEGRANTES DEL EJÉRCITO Y FUERZA AÉREA MEXICANOS, NO ENCUADRAN EN EL HECHO GENERADOR PREVISTO EN LOS ARTÍCULOS 156 A 159 DEL CÓDIGO FISCAL DE LA CIUDAD DE MÉXICO. </p>

Resumen

<p>En diversas ejecutorias, la Suprema Corte de Justicia de la Nación ha estimado que conforme al artículo <a href="javascript:void(0)" class="font-blue" style="text-decoration: underline; font-weight: bold;" type=0 values="130|254|1550-" >123, apartado B, fracción XIII, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos</a>, existen ciertos grupos de servidores públicos (militares, marinos, personal del servicio exterior, agentes del Ministerio Público, peritos y los miembros de las instituciones policiales) con quienes se entabla una relación jurídica de carácter administrativo, la cual es sui géneris y en la que el Estado no actúa con calidad de patrón (en términos del artículo 123, apartado A, de la Constitución Federal) o de patrón equiparado (como ocurre, por regla general, en términos del apartado B del citado precepto constitucional). Respecto del personal militar perteneciente al Ejército y Fuerza Aérea Mexicanos, esta Suprema Corte ha indicado que esa institución está estructurada con base en la jerarquía y, por tanto, existe un deber de subordinación permanente, constante y continuo como una opción o forma de vida, a efecto de ejecutar las órdenes o instrucciones necesarias para la consecución de los fines propios del ejército; situación que no acontece en las relaciones laborales tradicionales en las cuales la subordinación concluye al terminar la jornada laboral o la relación jurídica. Además, la función constitucionalmente encomendada al ejército es la defensa (interior y exterior) del Estado Mexicano y de sus instituciones, lo cual abarca a la Federación, a las entidades federativas y a los municipios, de tal suerte que el Ejército y la Fuerza Aérea Mexicanos prestan un servicio a la Nación, para lo cual no pueden ubicarse permanentemente en una sola región o jurisdicción determinada, pues el ejercicio de las funciones asignadas implica su movilidad en todo el territorio nacional, por lo que no se le puede dar una connotación geográfica esp