<p>JUICIO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO EN EL ESTADO DE TABASCO. CUANDO SE IMPUGNE LA NEGATIVA U OMISIÓN DE LOS ORGANISMOS PÚBLICOS DE PAGAR LAS FACTURAS QUE AMPARAN LA ENTREGA DE LOS PRODUCTOS O LA PRESTACIÓN DE LOS SERVICIOS, DERIVADO DE UNA ADJUDICACIÓN DIRECTA, NO DEBE EXIGIRSE AL ACTOR QUE EXHIBA UN CONTRATO RELACIONADO CON AQUÉLLAS (LEGISLACIÓN VIGENTE HASTA EL 15 DE JULIO DE 2017).</p>

Resumen

<p>Conforme a lo establecido por la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, en la jurisprudencia 2a./J. 14/2018 (10a.), de título y subtítulo: "<a href="https://sjf2.scjn.gob.mx/detalle/tesis/2016318" class="font-blue" target="_blank" style="text-decoration: underline; font-weight: bold;" type=10>CONTRATOS ADMINISTRATIVOS. EL INCUMPLIMIENTO DE PAGO TIENE NATURALEZA ADMINISTRATIVA</a>.", así como de la interpretación del artículo <a href="javascript:void(0)" class="font-blue" style="text-decoration: underline; font-weight: bold;" type=50 values="200217|2|25-" >16, fracción I, de la Ley de Justicia Administrativa para el Estado de Tabasco</a>, vigente hasta el 15 de julio de 2017, en relación con los numerales <a href="javascript:void(0)" class="font-blue" style="text-decoration: underline; font-weight: bold;" type=50 values="201342|1|1-201342|1|2-201342|1|3-201342|1|4-201342|1|5-" >2, fracción XIV, 22, fracción IV, 34, 39 y 50 de la Ley de Adquisiciones, Arrendamientos y Prestación de Servicios</a> de la propia entidad, se colige que procede el juicio contencioso administrativo contra la negativa u omisión de los organismos públicos de pagar las facturas que amparan la entrega de los productos o la prestación de los servicios, derivado de una adjudicación directa. Lo anterior, porque el artículo 39 citado faculta expresamente a los organismos públicos para fincar pedidos o celebrar contratos en la modalidad de adjudicación directa, a efecto de lograr su objeto social; lo que es relevante al considerar que, en términos de la fracción III del artículo 16 invocado, el juicio procede contra las resoluciones que se dicten sobre interpretación y cumplimiento de contratos administrativos; entonces, ello revela que fue voluntad del legislador distinguir entre fincar pedidos y celebrar contratos. Así, tratándose de la modalidad de adjudicación directa, en la que el organismo público finque pedidos, no es jurídicamente válido exigir la exhibición de un