<p>MULTA EN EL JUICIO DE AMPARO DIRECTO. LA PREVISTA EN EL ARTÍCULO 260, FRACCIÓN IV, DE LA LEY DE AMPARO, NO VIOLA EL ARTÍCULO 14 DE LA CONSTITUCIÓN POLÍTICA DE LOS ESTADOS UNIDOS MEXICANOS.</p>

Resumen

<p>Conforme a lo establecido en los artículos <a href="javascript:void(0)" class="font-blue" style="text-decoration: underline; font-weight: bold;" type=0 values="100683|2|356-100683|2|520-" >178 y 260, fracción IV, de la Ley de Amparo</a>, la autoridad responsable que no cumpla con los deberes que le impone el primero de los preceptos mencionados, se hará acreedora a una multa de entre 100 y 1000 días de salario mínimo general vigente en el Distrito Federal. Al respecto, no existe la obligación de apercibir o requerir a la autoridad responsable para que cumpla con ello antes de la imposición de la multa en comento, pues el juicio de amparo es un mecanismo de defensa de derechos humanos que debe ser eficaz, por lo que es necesario que se respeten los principios de acceso a la justicia pronta, completa e imparcial establecidos en el artículo <a href="javascript:void(0)" class="font-blue" style="text-decoration: underline; font-weight: bold;" type=0 values="130|240|180-" >17 de la Constitución Federal</a>. En consecuencia, el artículo 260, fracción IV, de la Ley de Amparo no viola el artículo <a href="javascript:void(0)" class="font-blue" style="text-decoration: underline; font-weight: bold;" type=0 values="130|240|150-" >14 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos</a>, ya que la sanción resulta debida e imponible por el solo hecho de que se actualice la infracción a la ley, pues permite evitar retardos y entorpecimientos en esa etapa procedimental a efecto de que la tramitación del juicio resulte compatible con las reformas constitucionales en materia de derechos humanos y amparo realizadas en junio de 2011; además, es necesario tener en cuenta que la imposición de la multa se da ante el incumplimiento de las obligaciones establecidas por el legislador a las autoridades responsables, que son de conocimiento previo para ellas, lo que implica que necesariamente saben los deberes y consecuencias contenidas en la Ley de Amparo, sin que exista nec