<p>ORDEN DE IDENTIFICACIÓN ADMINISTRATIVA (FICHA SIGNALÉTICA). AL SER UNA DISPOSICIÓN CON FINES ADMINISTRATIVOS DE CONTROL QUE DERIVA, POR MINISTERIO DE LEY, DEL AUTO DE VINCULACIÓN A PROCESO, Y NO UNA SANCIÓN, EL QUE SE ORDENE QUE SE RECABE SIN PETICIÓN EXPRESA DEL MINISTERIO PÚBLICO, NO TRANSGREDE LOS PRINCIPIOS DE IGUALDAD PROCESAL Y CONTRADICCIÓN.</p>

Resumen

<p>Los principios de igualdad procesal y contradicción de las partes consisten en que los tribunales competentes para conocer de un asunto, en este caso de naturaleza penal, están constreñidos a instaurar un procedimiento que otorgue a las partes las mismas condiciones y oportunidades, para que éstas intervengan en defensa de sus intereses y ofrezcan o contradigan, de ser el caso, los elementos convictivos que cada una estime pertinente, en apoyo de sus respectivas pretensiones, relativas solamente a la materia de la litis, lo cual nada tiene que ver con el cumplimiento de una disposición con fines administrativos de control y que deriva, por ministerio de ley, del auto de formal procesamiento o vinculación a proceso. Por tanto, estos principios no se vulneran por el hecho de que la autoridad judicial, una vez que dicta el correspondiente auto de plazo constitucional, ordene que se recabe la orden de identificación administrativa (ficha signalética) y la eventual referencia de antecedentes penales del procesado, pues acorde con los criterios de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, aquélla únicamente constituye una medida administrativa que aporta elementos que pudieran estimarse útiles al individualizar la pena, en caso de pronunciarse sentencia condenatoria, y no debe perderse de vista que, conforme al artículo <a href="javascript:void(0)" class="font-blue" style="text-decoration: underline; font-weight: bold;" type=0 values="130|249|220-" >21 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos</a>, la imposición de las penas es propia de la autoridad judicial y no depende de la voluntad del Ministerio Público ni de alguna de las partes, sin que pueda considerarse una sanción, dado el estadio procesal en que se encuentra el asunto cuando se ordena su emisión; motivos éstos por los que se concluye que, previo a solicitar la referida ficha administrativa, no se requiere la petición expresa del Ministerio Público, pues ello no depende del cumplimiento