ÓRDENES DE PROTECCIÓN. SU NATURALEZA PRECAUTORIA Y TEMPORAL NO VULNERA LOS PRINCIPIOS DE AUDIENCIA Y LEGALIDAD.

Resumen

Hechos: Una persona particular reclamó una indemnización y la reparación de su imagen pública por responsabilidad patrimonial del Estado a la Universidad Autónoma Metropolitana (UAM), alegando daños por acoso, discriminación y difamación dentro de la comunidad universitaria. De manera previa, la universidad adoptó medidas de protección tras una denuncia penal por violencia sexual en su contra, presentada por una mujer estudiante, integrante de esa comunidad universitaria, lo que el reclamante consideró como represalia y discriminación. El reclamante promovió su propia denuncia penal, acusando a la denunciante y a diversas autoridades de la UAM de discriminación y hostigamiento. Ambas denuncias fueron analizadas por distintas instancias, y la fiscalía determinó el no ejercicio de la acción penal respecto a la denuncia presentada por el reclamante. Al no recibir respuesta a su reclamación patrimonial en el plazo legal, promovió un juicio ante el Tribunal Federal de Justicia Administrativa, impugnando la negativa ficta. En su defensa, la UAM argumentó que sus acciones se sustentaron en obligaciones de protección a víctimas de violencia de género y no configuraban una actividad administrativa irregular ni causaban un daño patrimonial directo. El Tribunal Colegiado resolvió que no se demostró la responsabilidad patrimonial del Estado, la cual exige la existencia de un daño real y directo derivado de una actividad irregular, por lo que negó la indemnización. Esta resolución fue impugnada en amparo directo. Criterio jurídico: Este Tribunal Colegiado de Circuito determina que por su naturaleza precautoria y temporal, las órdenes de protección no vulneran los principios de audiencia y legalidad. Justificación: Las órdenes de protección están diseñadas para prevenir las agresiones y salvaguardar la integridad de las mujeres en situación de violencia de género. Su carácter precautorio y temporal responde a la obligación del Estado de garantizarles una vida libre de violenci...