<p>QUEJA CONTRA LA RESOLUCIÓN DEL JUEZ DE DISTRITO QUE NO RECONOCE EL CARÁCTER DE TERCERO INTERESADO. LA AUTORIDAD RESPONSABLE ESTÁ LEGITIMADA PARA INTERPONERLA [INTERPRETACIÓN LITERAL DEL ARTÍCULO <a href="javascript:void(0)" class="font-blue" style="text-decoration: underline; font-weight: bold;" type=0 values="100683|3|194-" >97, FRACCIÓN I, INCISO D), DE LA LEY DE AMPARO</a>].</p>

Resumen

<p>El precepto citado establece que en el amparo indirecto procede el recurso de queja contra las resoluciones que reconozcan o nieguen el carácter de tercero interesado, sin señalar limitante, excepción o condición especial para su interposición, sino que basta con que se dicte una determinación como la apuntada para que proceda el aludido medio de impugnación, siguiendo el principio jurídico que dispone que "donde la ley no distingue, el juzgador no tiene por qué hacerlo", y privilegiando el derecho de acceso a la jurisdicción inmerso en el artículo <a href="javascript:void(0)" class="font-blue" style="text-decoration: underline; font-weight: bold;" type=0 values="130|251|180-" >17 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos</a>; de ahí que este recurso pueda interponerse por la autoridad responsable contra la determinación del Juez de Distrito que niega reconocer la calidad de tercero interesado a alguien, sin que el hecho de que en el inciso e) del propio numeral se prevea que el recurso de queja también procede contra las resoluciones que se dicten durante la tramitación del juicio, o del incidente de suspensión, que no admitan expresamente el recurso de revisión y que por su naturaleza trascendental y grave puedan causar perjuicio a alguna de las partes, no reparable en la sentencia definitiva, así como las que con las mismas características se emitan después de dictada la sentencia en la audiencia constitucional; lo que, en principio, llevaría a estimar que la resolución del juzgador de no llamar como tercero interesada a determinada persona, física o moral, de derecho público o privado, no causa a la autoridad responsable un daño o perjuicio irreparable en la sentencia definitiva, porque no limita su derecho a plantear causales de improcedencia y/o motivos de sobreseimiento, como a demostrar la constitucionalidad del acto reclamado, ni implica variación alguna de la litis constitucional, pues el daño o perjuicio que dicha resolución podría