<p>QUEJA PRESENTADA ANTE LA COMISIÓN DE DERECHOS HUMANOS DEL DISTRITO FEDERAL, ACTUALMENTE CIUDAD DE MÉXICO. LA OMISIÓN DE RESOLVERLA CONSTITUYE UN ACTO DE AUTORIDAD PARA EFECTOS DEL JUICIO DE AMPARO.</p>

Resumen

<p>El artículo <a href="javascript:void(0)" class="font-blue" style="text-decoration: underline; font-weight: bold;" type=0 values="130|252|20-" >1o., párrafo tercero, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos</a> establece la obligación de todas las autoridades de promover, respetar, proteger y garantizar los derechos humanos, mientras que los diversos preceptos <a href="javascript:void(0)" class="font-blue" style="text-decoration: underline; font-weight: bold;" type=0 values="130|252|1080-130|252|1540-" >103, fracción I y 107, fracción I</a>, del propio ordenamiento fundamental disponen que el juicio de amparo procede contra normas generales, actos u omisiones de autoridad que los violen. En ese sentido, el artículo <a href="javascript:void(0)" class="font-blue" style="text-decoration: underline; font-weight: bold;" type=0 values="100683|4|10-" >5o., fracción II, de la Ley de Amparo</a> define a los actos de autoridad como aquellos que crean, modifican o extinguen situaciones jurídicas en forma unilateral y obligatoria. Por otra parte, el artículo <a href="javascript:void(0)" class="font-blue" style="text-decoration: underline; font-weight: bold;" type=0 values="130|252|1070-" >102, apartado B, constitucional</a>, prevé el derecho de cualquier persona a una tutela no jurisdiccional de los derechos humanos, lo cual implica que todos los individuos tienen derecho a un proceso ante la Comisión de Derechos Humanos del Distrito Federal, actualmente Ciudad de México, sin que ello signifique que siempre deba emitirse una recomendación, pero sí que dicho proceso se apegará a los estándares de legalidad exigibles a todas las autoridades. En estas condiciones, el organismo mencionado debe tramitar las quejas que le presenten con apego a la ley, sin incurrir en arbitrariedades; de ahí que la omisión de resolverlas afecta la esfera jurídica del promovente, en la medida en que le impide acceder a la tutela no jurisdiccional de los derechos humanos y,