<p>REMATE. MECANISMOS PARA PROTEGER LOS INTERESES DE LOS ACREEDORES PREFERENTES.</p>

Resumen

<p>Los artículos <a href="javascript:void(0)" class="font-blue" style="text-decoration: underline; font-weight: bold;" type=0 values="129|13|3678-129|13|3685-" >472 y 473 del Código Federal de Procedimientos Civiles</a> prevén ciertos mecanismos que tienden a proteger los intereses de los acreedores preferentes, los cuales incluyen el llamamiento de los acreedores que aparezcan en el certificado de gravámenes y el respeto a la prelación de créditos. Ahora bien, el juez debe ordenar que se solicite y se exhiba un certificado, ya sea de gravámenes, o de libertad de gravámenes, del inmueble sujeto a remate emitido por el Registro Público de la Propiedad y, sólo hasta obtenerlo debe iniciar el procedimiento de remate. Lo anterior tiene como finalidad que el juzgador y las partes tengan conocimiento de la existencia de otros acreedores con derechos preferentes sobre la finca embargada, como es el caso de aquellos con hipoteca inscrita con anterioridad al embargo o gravamen que dio lugar al procedimiento de remate, para no dejarlos en estado de indefensión, pues a dichos acreedores se les otorga el carácter de terceros interesados en el procedimiento de ejecución. Por ello, quienes aparezcan en dicho certificado deben ser llamados al procedimiento para que hagan valer lo que consideren pertinente a fin de garantizar su derecho; entre otras cuestiones, pueden asegurarse de que el inmueble sea valuado adecuadamente, con la finalidad de preservar su valor económico. Además, en aquellos supuestos en los que se concrete la venta judicial y se adjudique el inmueble a un tercero, la cantidad obtenida en contraprestación quedará afecta al pago de la obligación garantizada con la hipoteca. En efecto, el precio que se obtenga en el procedimiento de remate por la venta del inmueble debe destinarse, en primer lugar, al pago de los créditos hipotecarios que sean preferentes, en atención a la fecha de su registro.</p>