<p>SUPLENCIA DE LA QUEJA DEFICIENTE. POR REGLA GENERAL, NO OPERA RESPECTO DE LOS AGRAVIOS FORMULADOS POR EL MINISTERIO PÚBLICO AL INTERPONER EL RECURSO DE APELACIÓN, AUN CUANDO A LAS VÍCTIMA U OFENDIDOS DEL DELITO NO SE LES RECONOZCA LEGITIMACIÓN PARA IMPUGNAR LA RESOLUCIÓN RESPECTIVA (LEGISLACIÓN DEL DISTRITO FEDERAL, APLICABLE PARA LA CIUDAD DE MÉXICO). </p>

Resumen

<p>El objeto de estudio en el recurso de apelación y en el juicio de amparo –directo o indirecto– es esencialmente distinto, pues el primero tiene como fin examinar si en la resolución recurrida se aplicó exactamente la ley, se violaron los principios reguladores de la valoración de la prueba o se alteraron los hechos respecto de la sentencia de primera instancia con el propósito de confirmarla, revocarla o modificarla y que los agravios, tratándose del Ministerio Público, sean estudiados de estricto derecho, sin abarcar más aspectos que los factores de legalidad esgrimidos. En cambio, el campo de análisis del juicio de amparo –directo o indirecto– es más amplio, porque en él se examina el acto reclamado no sólo desde un ámbito de legalidad, sino también de constitucionalidad, para examinar si fueron violentados los derechos fundamentales reconocidos a las víctimas u ofendidos como parte en el proceso penal. En esas condiciones, el examen constitucional realizado en el juicio de amparo indirecto, bajo la óptica de la suplencia de la queja deficiente, promovido por la víctima u ofendido del delito, contra una negativa de orden de aprehensión no implica, a su vez, suplir la deficiencia de los agravios del Ministerio Público en la apelación. De este modo, el tribunal ordinario de apelación, por regla general, no debe suplir la deficiencia de los agravios formulados por el Ministerio Público, ni siquiera en aquellos supuestos en los que a las víctimas u ofendidos no se les reconozca legitimación para impugnar ciertas determinaciones jurisdiccionales, bajo la idea de que en estos casos la fiscalía es quien asume los intereses de dicha parte procesal, especialmente porque éstas pueden inconformarse por la vía ordinaria o extraordinaria y porque con ello se trastocan las reglas procesales existentes que ordenan que el estudio de los agravios de la representación social, debe realizarse conforme al principio de estricto derecho. Lo anterior, con excepción de supuestos en l